El Confidencial.com José María Olmo 12/03/2013 (06:00)
- EL JUEZ LES IMPUTA CINCO DELITOS
Los
excopresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi (EFE)
La admisión en
la Audiencia Nacional
de la querella que presentó Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los 15
consejeros que participaron en el proceso de integración de Banca Cívica y en
su posterior salida a bolsa puede saldarse con condenas de hasta 21 años de
cárcel por la presunta responsabilidad de los acusados en el colapso de la
entidad y en la consiguiente pérdida de valor para sus accionistas.
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco considera en su auto de admisión que los hechos denunciados,
avalados también por la
Fiscalía, pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos
penados con prisión. En concreto, Velasco subraya que los administradores
podrían haber incurrido en “falseamiento de cuentas o de la situación jurídica
de la entidad, ocasionando el oportuno perjuicio”, “administración fraudulenta de
bienes societarios o contracción de acciones de perjudiciales”, “publicidad
falsa en valores negociables en mercados de valores”, “maquinaciones para
alterar el precio de las cosas” y “apropiación indebida”. El Código Penal fija
para estas tipologías delictivas hasta 21 años de cárcel en total. Además,
tanto los consejeros acusados como CaixaBank, actual propietaria de Banca Cívica, se enfrentan a la responsabilidad civil
que pueda derivarse de la causa.
El magistrado argumenta
su auto de admisión recordando que el proceso de salida a bolsa provocó una depreciación
del 43,2% del capital de más de 26.000 pequeños inversores que compraron
acciones de Banca Cívica tras su debut en el parqué en julio de 2011. Asimismo,
subraya que la mala gestión del banco –resultado de la fusión de Caja de
Ahorros de Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- provocó que el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuviera que aportar 977 millones
de euros de fondos públicos para evitar su quiebra.
“Prevaricación
por omisión”
Para Velasco,
en los datos aportados por el denunciante hay indicios suficientes de que pudo
producirse un fraude a los inversores mediante operaciones contables que
tuvieron como “objeto crear la apariencia de una mayor solvencia que la real
para poder realizar la fusión de las entidades que finalmente conformaron Banca
Cívica”. El juez también apunta a la insuficiente supervisión y el “control
imprudente” de las cajas, que podría suponer “una actuación de prevaricación
por omisión” por parte de los acusados.
El proceso
guarda muchas similitudes con el caso Bankia, también en la Audiencia Nacional
y con 33 exconsejeros sentados de forma provisional en el banquillo por las presuntas
irregularidades que cometieron en el proceso de integración de la entidad y en su
posterior salida a bolsa. No obstante, mientras Bankia sigue operando como una entidad
autónoma, los activos de Banca Cívica tuvieron que ser completamente absorbidos
en agosto de 2012 por CaixaBank, ante su incapacidad para cumplir con los compromisos
de solvencia que le exigió el Ministerio de Economía y Competitividad.
La
investigación de Banca Cívica quedará centralizada en la Audiencia Nacional.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona había dado los primeros pasos
para averiguar si había responsabilidades civiles y penales en la caída del
banco, pero Velasco le ha pedido que se inhiba a favor de su juzgado al
considerar que los hechos que se investigan se produjeron en varias comunidades
autónomas, no sólo en Navarra.
No obstante,
considera que las irregularidades que pudieron haberse cometido
exclusivamente
en Caja de Ahorros de Navarra (CAN) antes de la fusión, que son objeto de otro
proceso, pueden seguir siendo instruidos en Pamplona, al carecer de conexión
con el conjunto de la causa.
Entre los 15
consejeros acusados se encuentran los expresidentes de las cuatro entidades fusionadas,
Antonio Pulido (Cajasol), Enrique Goñi (CAN),
Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José María Leal (Caja Burgos). También les
acompañan el exsecretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira y el
exsecretario de Estado de Economía y expresidente del G-14 de las Inmobiliarias
Pedro Pérez Fernández. Algunos de los acusados siguen ocupando en la actualidad
cargos directivos en CaixaBank.
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