lunes, 10 de junio de 2013

Llamas amasó 62 millones en créditos como presidente de Caja España



ABC. es - J. M. AYALA / VALLADOLID - 09/06/2013

El juez investiga por qué le concedieron periodos de carencia y se renovaron préstamos cuando había impagos

Hablar del paso de Santos Llamas primero como presidente de Caja España y luego al frente de la fusión con Duero en sus primeros meses «daría para un tratado». La frase es del consejero de Economía, Tomás Villanueva, que respondía así a la pregunta sobre las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de León para investigar la concesión de préstamos al que fue máximo responsable de la entidad leonesa durante casi un lustro y con dos vicepresidentes de «postín» como el ex alcalde de León, Francisco Fernández, y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.
Más allá de cómo acabe el caso (si hay caso) el fiscal ya ha dado una serie de instrucciones ante los indicios de un delito de administración desleal por la concesión entre 2006 y 2011 de 70 millones de euros mediante las fórmulas más diversas -desde préstamos hipotecarios hasta a promotores pasando por líneas de riesgo, de descuento, tarjetas de crédito, ampliaciones, cuentas de crédito, línea de avales, préstamos personales, a familiares para una vivienda, anticipos salariales para parientes y renovaciones de avales a empresas vinculadas-. Del total del dinero concedido al ya ex consejero de la entidad, 62 millones lo fueron en Caja España, aunque el fiscal también averiguó que el responsable del Grupo Carriegos solicitó y recibió otros siete millones de Caja Duero durante el mismo periodo.
Tras analizar toda la información -menos de la reclamada- los motivos que le han animado a solicitar la apertura de diligencias previas pasan por unos impagos que superarían los 40 millones de euros y algunas actuaciones «muy generosas» como que se le permitiera largos periodos de carencia -dos y tres años- en los que no tenía que pagar ni el principal ni intereses en la Caja. De hecho, según fuentes del propio Consejo, habría sido el final de ese tiempo de gracia el que habría «animado» a Llamas a marcharse de la entidad hace unos meses.
Inferiores a los de otros empresarios 
Sin embargo, también desde el principal órgano de gobierno de la entidad se defiende que los préstamos concedidos a Llamas son inferiores a los autorizados para otros empresarios «del mismo nivel». Además, justifican que no tuviera que afrontar los vencimientos durante unos años porque ésta era la práctica habitual de la entidad durante la crisis para evitar que aflorarase la morosidad.
El último argumento de los consejeros -pueden ser llamados a declarar tanto los de Caja España como los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero- es que tenían el visto bueno de la Junta. Al respecto, el propio Villanueva -y también el fiscal- explicaron que el Gobierno regional «no valora los criterios de oportunidad» de los créditos que se con ceden.
Más allá de la legalidad o la conveniencia de las actuaciones, lo cierto es que el hombre que fue propuesto para presidir Caja España con el consenso de las principales fuerzas políticas de la Comunidad -la apuesta por un empresario de la construcción para dirigir un entidad financiera ahora no se entendería- obtuvo el «ok» a un total de 55 operaciones de crédito en la entidad leonesa que pudieron ser más si no se le hubiera cerrado el «grifo» en los últimos tiempos después de que también fuera el «elegido» con reparos en el PP y apoyo absoluto del PSCL- para ser el primer mandatario de la fusión con Duero ya en 2010.
Como el mismo Llamas señala, muchos de esos créditos de su época de presidente son novaciones procedentes de épocas anteriores. A ello se agarra para desvincular estas concesiones a su condición de presidente, cargo por el que se apartó de algunos de sus negocios -la Clínica San Francisco, entre ellos- aunque llama la atención, por ejemplo, que sólo en 2008 le aprobaran 23 operaciones de crédito por valor de más de 42 millones de euros. Tanto el año anterior como el posterior la cifra rondó los siete, mientras que en 2011 cerró sus últimas siete operaciones por valor de 2.5 millones. En unos meses se sabrá si estas prácticas tuvieron un componente delictivo.

domingo, 9 de junio de 2013

Pensiones: Otra estafa piramidal



Europasur.es - León Lasa | 10.06.2013
Lo obvio. Upton Sinclair, el novelista norteamericano ganador del premio Pulitzer, solía repetir una frase que, en muchas circunstancias, me ha sacado de la estupefacción: "Es muy difícil hacer que alguien entienda algo cuando su salario o renta depende que no lo entienda". O lo que es lo mismo, no queremos comprender aquello que, por un motivo u otro, no nos interesa. Imagino que al respecto se habrán escrito innumerables libros de comportamiento económico, de psicoeconomía, de antropología, etc. Pero al final el resumen no es otro que ése.
Llevamos años sin querer aceptar lo evidente: el maravilloso invento de las pensiones de jubilación, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, ha muerto. Para hacernos más llevadero admitir esa otra verdad incómoda, quienes parece que nos gobiernan acuden, como tantas otras veces, al enredo del lenguaje. Si bien todo el espectro político -o lo que queda de él- coincide en que el sistema es inviable, nadie se atreve a proclamar cuál es la cruda realidad. A lo sumo, que hay simplemente que reformarlo, que retocarlo. Para empezar un debate tan importante, ¿por qué no tener el valor o el coraje suficiente de llamar a las cosas por su nombre?
La engañifa. Si el sistema público de pensiones respondiera a los métodos actuariales que rigen en las compañías de seguros y en los bancos, se calcula que solamente una minoría exigua de aquéllas respondería realmente a lo contribuido durante los períodos de cotización: la gran mayoría excedería con creces en su cuantía total la capitalización de esas aportaciones realizadas durante años de trabajo. ¿Cómo, cabría preguntarse, ha sido entonces posible durante tanto tiempo en casi toda Europa el milagro, el juego malabar? De forma resumida, con independencia de otras variables que saltan a la vista, por lo que algunos estudiosos han dado en denominar, no sin motivos, la "gran estafa generacional" (The Pinch: how the baby boomer took their children future and why they should give it back ha sido un éxito de ventas en los países anglosajones durante los últimos tres años). Porque, en definitiva, el sistema público de pensiones funciona como una gran inversión piramidal cuya sostenibilidad (bendita palabra) depende de la entrada en el esquema de más partícipes de los que salen. Este mecanismo, que ha funcionado en las naciones europeas hasta hace sólo unos años, ha quebrado como un castillo de arena debido a factores como el aumento de la esperanza de vida (y el mantenimiento de la edad de jubilación o incluso su acortamiento), la decreciente demografía, y un nivel de desempleo estructural elevado a partir de la segunda crisis del petróleo. Podemos dejar que las cosas continúen como hasta ahora, pero los grandes pagadores del jolgorio serán quienes vengan detrás, esas generaciones a las que, según David Willets, diputado británico y autor del precitado libro, les han robado el futuro y a las que, de seguir todo igual, les van a hacer sobrellevar cargas insoportables.
Algunas proposiciones. El panel de expertos que, a petición del Gobierno, está elaborando un informe sobre la próxima reforma (sic) de las pensiones ha concluido, al parecer, que para calcular las cuantías de las nuevas se tenga en cuenta la esperanza de vida y que la actualización de las mismas se ligue a la salud de las cuentas de la Seguridad Social: realmente de crack. O lo que es lo mismo, que no se disocie su monto, como ha venido ocurriendo hasta ahora, de las circunstancias que determinen a medio plazo su viabilidad. Asimismo, y tras un análisis sesudo, abogan por que las medidas correctivas se apliquen también, por razones de justicia, a los jubilados actuales. Casi de Perogrullo. Cualquier esquema Ponzi tiene un final traumático: que se lo pregunten a quienes invirtieron en sellos y que apenas van a recuperar el 5% de su inversión tras años de pleitos y batallas. Pero ignorar la realidad, por más desagradable que sea, sólo agravará los problemas en el futuro. Es decir, de quienes sostienen con sus cotizaciones a los jubilados actuales y que ignoran si ese compromiso intergeneracional se mantendrá con ellos, con nosotros.
En cualquier caso permítanme algunas modestas proposiciones:
  • ¿No tendrían que ser incompatibles dos o más pensiones, sean del tipo que sean?
  • ¿No se podrían corregir éstas en función del patrimonio y rentas preexistentes?
  • ¿No se debería discriminar positivamente las pensiones de quienes hubieran mantenido hijos (futuros cotizantes), y por tanto hubieran visto mermada su capacidad de ahorro con quienes no?
Es lógico que haya quien no quiera entenderlo. Pero también injusto.

martes, 4 de junio de 2013

El expolio de las Cajas (XIV): La Justicia por fín entra en acción


Segovia al dia.es – El Blog de PEDRO VICENTE
Después de todo lo que llevamos contado en este serial, y a la vista de los procedimientos judiciales abiertos por hechos de similar naturaleza en cajas de ahorro de otras comunidades (Caja del Mediterráneo, Novacaixa Galicia, Caja Navarra…), resultaba ciertamente extraño que, salvo en lo referido a Caja Segovia, la Justicia todavía no estuviera persiguiendo a los responsables del expolio sufrido por las Cajas de Castilla y León.
Bien es verdad que, aparte de ciega, la Justicia es sobre todo es lenta, incluso bastante perezosa ante patatas calientes que puedan colocar en situación comprometida al poder político y sus aledaños económicos. Máxime cuando la llamada sociedad civil de Castilla y León ha asistido con general pasividad e indolencia al proceso de liquidación y almoneda de sus cajas de ahorro. Solo dos fuerzas políticas -UPyD respecto a Caja Segovia e IU respecto a Caja España, Caja Duero y la propia Caja Segovia- se habían tomado la molestia de denunciar presuntas conductas delictivas en dichas entidades de ahorro. 
Mientras las abrumadoras denuncias de UPyD sobre el saqueo de CajaSegovia siguen a la espera de que se determine si se incorporan al caso Bankia o competen a los juzgados segovianos, la denuncia de IU empieza a tener consecuencias.
Eso sí, ha tenido que transcurrir mas de un año y medio desde que el procurador y coordinador de IU en Castilla y León, José María  González, se personara hasta la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia hasta que otro representante del ministerio publico, el fiscal-jefe de León, ha trasladado su investigación al Juzgado “por entender que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito de administración desleal del art. 295 del Código Penal”.
El oficio del fiscal solicita la apertura de diligencias previas a fin de esclarecer la posible responsabilidad penal por parte de los miembros de los Consejos de Administración de Caja España, la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta la fusión de ambas, así como en su caso de los directivos del banco CEISS surgido de la misma.
Llamas y Rubio, crédito a discreción.- Aunque la denuncia de IU contenía otra serie de hechos, como la indemnización del anterior director de Caja España, José Ignacio Lagartos, y la famosa prejubilación de Francisco Fernández, el ex el alcalde socialista de León y vicepresidente segundo de la entidad, el meollo de la investigación judicial requerida por el fiscal se centra en la concesión de multimillonarios préstamos a dos de los consejeros: los empresarios Santos Llamas y Francisco Rubio Garcés.
El primero, elegido presidente de Caja España en julio de 2006 con el respaldo de PP, PSOE, UPL y UGT, obtuvo durante su mandato una larga relación de créditos y avales por un volumen de unos 70 millones de euros. El segundo, que llegó a ser vicepresidente tercero de Caja Duero, se ha beneficiado al menos desde 2004 de otro sinfín de préstamos y avales que en 2006 superaban los 51 millones de euros, amén del patrocinio publicitario del C.D. Numancia, club de fútbol del que es el máximo accionista.
Dada la composición de los órganos presuntamente responsables del delito de “administración desleal” apuntado por el fiscal, el caso puede tener consecuencias políticas imprevisibles. Durante los años a investigar la nómina de insignes políticos que han desfilado por el Consejo de Administración de Caja España incluye, entre otros, a los actuales presidentes de las Diputaciones de León (Isabel Carrasco) y Zamora (Fernando Martínez Maillo), a los procuradores José Francisco Martín (PSOE)  y Javier García Prieto  (PP), y al alcade de Medina de Rioseco Artemio Dominguez, sin contar a la actual senadora Arenales Serrano, quién tan solo permaneció poco más de un mes en dicho órgano.
Desde su llegada, en 2003, a la presidencia de Caja Duero, Julio Fermoso mantuvo en  la Comisión Ejecutiva a otros dos ilustres del PP,  amigos (al menos hasta hace poco) y vecinos de Valladolid: el alcalde, Javier León de la Riva, y el entonces portavoz del grupo popular en las Cortes y actual consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. En verano de 2007, De Santiago-Juárez , quién durante sus cuatro años como portavoz parlamentario añadió a su ya suculento sueldo en las Cortes otros 109.440 euros en concepto de dietas de Caja Duero, fué sustituido en la Comisión Ejecutiva de la entidad por Isaías García Monge, ex delegado del Gobierno en Castilla y León. A su vez, en febrero de 2008, agotados sus 12 años de mandato, León de la Riva se vió obligado a dejar Caja Duero, siendo ocupada su vacante en la Comisión Ejecutiva por el entonces alcalde de Salamanca y actual senador, Julián Lanzarote, quién permaneció en ese puesto hasta agotar mandato en abril de 2009.
Así pues, la investigación afectaría al menos a un senador y a tres procuradores (los dos mencionados y De Santiago-Juárez), lo que siginifica que,si alguno de ellos alcanzara la condición de imputado, la competencia judicial pasaría bien al Tribunal Supremo a al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Del Olmo y Villanueva, presuntos "cooperadores necesarios".- En lo puede perder toda esperanza el dirigente de IU, José María González, es en que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se sume a la denuncia por la presunta actuación delictiva en Caja España y Caja Duero.
No solo porque nada mas lejos de la intención de Herrera, a la sazón presidente regional del PP, que actuar contra el selecto ramillete de correligionarios que corren el riesgo de ser imputados. Es que, de confirmarse ese presunto delito de “administración desleal”, el propio gobierno de la comunidad podría resultar “cooperador necesario” del mismo. Me explico: Como bien se ocupado de resaltar  Santos Llamas, conforme a la Ley de Cajas, los créditos concedidos a los consejeros requieren la autorización expresa de la consejería competente. Y en la legislatura 2003-2007 esa consejería era la de Hacienda (Pilar del Olmo) y desde mediados de 2007 en adelante es la de Economía (Tomás Villanueva). Es decir que Del Olmo y Villanueva, ambos asimismo procuradores de las Cortes, también van a verse afectados por la investigación.
Todo esto referido exclusivamente a la denuncia presentada por IU en noviembre de 2011, que no incluía otra larga serie de sospechosas actuaciones en estas y otras Cajas que han ido saliendo a la luz con posterioridad (veánse por ejemplo las llamativas inversiones y operaciones inmobiliarias de Caja Duero o las trapisondas del ex presidente de Caja Burgos, José María Arribas. Y por supuesto al margen de la presunta estafa que han supuesto las participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por Caja España y Caja Duero (en conjunto mas de 1.000 millones de euros), cuyas quitas han comenzado a sufrir los mas de 14.000 clientes que las suscribieron. (Especialmente esclarecedora resulta al respecto la información publicada por el diario “El Mundo” el pasado 15 de abril, denunciando que Caja España ocultó deliberadamente a sus clientes los riesgos que conllevaban dichos productos financieros).
Hora era de que, además de Caja Segovia, la Justicia comenzara a interesarse por las presuntas responsabilidades penales tanto de los que han se han lucrado con el expolio de las Cajas de Ahorro de Castilla y León como de los que lo han consentido.

lunes, 3 de junio de 2013

Cajas y Fiscalía, una cuestión de justicia



El Economista  -  RAFAEL DANIEL Delegado en Castilla y León - 3/06/2013
La noticia de que la Fiscalía de León ha pedido al juzgado que inicie diligencias por presunta administración desleal contra los consejeros de Caja España y Caja Duero y la entidad resultante de su fusión nos devuelve la confianza en un sistema político-judicial fuertemente cuestionado por los excesos que día tras día vamos conociendo.
Han sido numerosas las ocasiones en las que he reclamado mayor transparencia con la gestión realizada en las cajas de ahorro y la asunción de las responsabilidades correspondientes.
El descontrol que estamos conociendo en la gestión de las antiguas cajas de ahorro, causa final de su bancarrota y desaparición, es probablemente el precio que tenemos que pagar por la renuncia de la sociedad civil a controlar el poder político y las gestión que han hecho de nuestros impuestos. Pero eso no es impedimento para que empiece a ponerse nombres y apellidos a quienes no sólo quienes han desistido de su obligación de vigilar por la buena administración de las entidades de crédito sino, sobre todo, quienes se han beneficiado de su posición con créditos descomunales en unas condiciones ventajosas.
Mientras los preferentistas de España-Duero, en una buena parte ahorradores a los que se ha engañado, tienen que asumir las pérdidas de esta entidad, hemos visto cómo sus directivos y consejeros han sido los grandes beneficiarios de una legislación completamente abusiva.
No solamente han intentado escurrir el bulto sobre los daños patrimoniales que su gestión ha provocado sino que, salvo contadas excepciones, no han mostrado si quiera un ápice de interés en ayudar a las que han sido, lamentablemente, sus víctimas.
No debemos albergar demasiadas esperanzas en que paguen por sus culpas, entre otras razones porque los políticos han hecho las leyes que les han permitido ser unos privilegiados durante estos años. Pero al menos conoceremos de verdad de lo que ha pasado y al menos tendrán la llamada "pena del telediario" cuando tengan que comparecer en los juzgados.

“Me siento un puñetero delincuente”



EL PAIS - Pablo López Vigo 2 JUN 2013

El apuñalamiento de un exdirector de sucursal en Valencia destapa la situación de los bancarios

Empleados de Novagalicia relatan el calvario oculto bajo el drama de las preferentes

En apenas un año, la vida de muchos de los 4.500 empleados que aún conserva Nova Galicia Banco, heredero de la fusión de las dos cajas de ahorros de Galicia, ha cambiado de forma radical. Eran ciudadanos respetados y ahora viven “perseguidos y amedrentados”, según el relato de uno de ellos. La presión de los afectados por las preferentes, la convivencia con el drama de sus clientes, con su ira y, en algunos casos, con su violencia, está resultando demasiado dolorosa para la mayoría. Oculto tras el calvario de los estafados, crece silencioso el de los trabajadores, principalmente directivos de sucursales, que han tenido que coger a la familia y cambiar de aires, abandonar rutinas como pasear por el pueblo o padecer las agresiones de los afectados.
La primera acción violenta de la que se tiene constancia en Galicia, una de las comunidades más afectadas por el drama de las preferentes, se produjo antes incluso que el apuñalamiento de un exempleado de banca, esta semana, en Valencia. Ocurrió el pasado 19 de abril en A Estrada (Pontevedra). Ese día, Manuel Paradela, antiguo subdirector de la oficina principal del pueblo y concejal en el Ayuntamiento, caminaba por el estrecho callejón que da acceso a un aparcamiento cuando se cruzó con alguien. Era un antiguo cliente, que le echó las manos al cuello, lo sujetó en el aire y lo empujó contra la pared mientras profería todo tipo de amenazas. Paradela ha retirado la denuncia después de recibir las disculpas del agresor, pero también ha renunciado al acta de concejal, harto de vivir con el foco sobre su persona. Todos los grupos de la Corporación condenaron la agresión, pero el portavoz de la plataforma comarcal de afectados no se amilanó. “No será la última”, amenazó.
El timador es quien ordenaba vender el producto mientras falseaba las cuentas”, dice un empleado
“Para entender bien la situación hay que tener en cuenta un dato: en Novagalicia Banco hay 700 trabajadores con preferentes o subordinadas, que tienen atrapados 70 millones de euros”, precisa Julián Valiente, secretario del sindicato de banca de Comisiones Obreras de Galicia. “No somos estafadores, sino la herramienta que emplearon para enriquecerse unos señores que se han ido con unos blindajes millonarios”, lamenta el trabajador de una sucursal. Otro precisa: “El timador es quien ordenaba vender el producto mientras falseaba las cuentas de la entidad”. “Y la mayor prueba de que no pretendimos engañar a nadie es que muchos tenemos que hacer frente a la doble condición de preferentistas y víctimas de la desesperación de quienes tienen sus ahorros atrapados”, añade.
Jorge, director de una pequeña sucursal rural en una de las comarcas más afectadas, ya no puede tomar el café donde solía. Es un nombre ficticio, porque el anonimato es una de las obsesiones de todos los que padecen la furia de quienes no pueden recuperar su dinero. “Vivo medio escondido: evito las zonas concurridas y las horas punta, en general esquivo cualquier situación donde me pueda encontrar a mis clientes. No puedo tomar el café donde lo he tomado toda la vida por miedo a lo que pueda pasar y de hecho pasa. He pasado de ser una persona bien vista en el pueblo a sentirme un puñetero delincuente”, relata Jorge.
En la zona de O Morrazo, la dirección de Novagalicia ha cerrado la sucursal de Moaña ante el constante acoso de los afectados, y las oficinas menores, disgregadas por las parroquias, tienen que bajar la persiana varios días a la semana a causa de las concentraciones esporádicas de afectados a sus puertas. Días atrás, los empleados de la oficina principal de A Coruña estuvieron más de dos horas atrapados por los preferentistas que bloquearon la salida. Otro tanto ocurre de forma cotidiana en Vigo, Carballo, O Rosal, Salvaterra... Los sindicatos carecen de datos, pero han constatado un incremento “brutal” de las bajas por depresión. “Circula la broma de que el médico de la empresa reparte ansiolíticos como si fueran caramelos”, comenta Valiente.
Los sindicatos carecen de datos, pero han constatado un incremento “brutal” de las bajas por depresión
Manuel Paradela no quiere que le hagan recordar la agresión ni el calvario que atraviesa desde que tiene que convivir con el sufrimiento de sus exclientes. Solo apunta: “Con algunos me puedo parar a explicarles que yo fui una herramienta del banco, que el banco me utilizó, pero muchos otros ni siquiera preguntan, solo quieren intimidar”. Otro directivo de sucursal, acostumbrado a correr por las calles de su pueblo por prescripción médica, evitó las zonas concurridas para adentrarse a hacer deporte en la montaña. La Guardia Civil le dio un consejo más serio que el de los doctores: si quiere evitar sorpresas desagradables, no ponga un pie en el monte.
Aunque, salvo el caso de A Estrada, no hay noticias de agresiones, es otro tipo de violencia, más soterrada, la que preocupa a los empleados. “Una trabajadora de la zona de O Morrazo, por ejemplo, tuvo que cambiar a su hija de guardería por el acoso no solo de los demás padres, sino de los propios niños”, relata un directivo de sucursal. Un dato importante es que el grueso de preferentes y subordinadas se vendió en pueblos pequeños, donde el contacto, la amistad e incluso los lazos familiares entre los trabajadores del banco y los afectados son inevitables.
En Comisiones Obreras conocen muchos más casos: un director de oficina que no se atreve a salir a la calle, varios que han tenido que abandonar el pueblo, otros que fueron rechazados por sus propias familias en las cenas de Navidad, cambios de testamento... “La lista es interminable”, zanja el secretario de banca de CC OO, que suma el estrés añadido de la inestabilidad laboral de una empresa sometida a sucesivos ERE. Pero, precisa Valiente, el mayor peso al que tienen que hacer frente no es la ira de los afectados, sino otro más difícil de conciliar: “El complejo de culpa de quien ve arruinados a aquellos a los que intentó ayudar”.