GACETA DE
SALAMANCA - B.F.O./M.M. 31/05/2013
Durante
la presidencia de Fermoso se compraron acciones de Air Nostrum por 74,8 millones
y se invirtieron 20,5 millones en un complejo turístico caribeño
No solo los
créditos concedidos a los consejeros de Duero (en condiciones más ventajosas
que a otros ciudadanos) y las indemnizaciones millonarias a directivos la caja
fusionada están en tela de juicio. Hay múltiples operaciones del mandato de
Julio Fermoso, que fue presidente ejecutivo entre junio de 2004 y abril de 2009,
que se encuentran bajo sospecha. Las más llamativas son la compra de acciones
de Air Nostrum por 74,8 millones, la inversión de 20,5 millones en un complejo turístico
en la República Dominicana
y el gasto de 131,4 millones en cuatro edificios de relumbrón.
Fermoso se
embarcó en la compra de acciones de Air Nostrum en noviembre de 2006. Encontra
del criterio de los técnicos y del director general de la época, Lucas
Hernández, adquirió el 22% de las acciones de la filial regional de Iberia. La
compañía aérea entró en pérdidas en 2011.
Además, en
diciembre de 2007 Caja Duero informó que iba a destinar 20,5 millones a la
construcción en el Caribe de un complejo que requería una inversión global de
240 millones para edificar en varias fases 352 viviendas, 56 apartamentos y un
hotel. Con la propiedad repartida entre Cap Cana (50%), NH (25%) y Caja Duero
(25%), el proyecto turístico se asentaba en 500 metros de playas
privadas y en una extensión de 124.000 metros cuadrados.
A construir en varias fases, la primera de ellas ya ejecutada, se ubicaba junto
a uno de los
tres campos
de golf que iba a diseñar Jack Nicklaus. Para esta operación Fermoso se asoció
con Ricardo Hazoury, un empresario dominicano que ha tenido dificultades
financieras y ha estado acusado de delito de fraude inmobiliario. Además,
durante la presidencia de Julio Fermoso se compró por 7 millones el Teatro Lope
de Vega de Valladolid, la salmantina Casa de María la Brava en 14 millones, el
edificio en la calle Marqués de Villamagna de Madrid por 90,8 millones y un
inmueble protegido en Valencia por 19,6 millones (que se restauró para ubicar
cinco oficinas de la Caja).
No les puede salir gratis
El paso
dado por la Fiscalía
de León, gracias a una denuncia de IU de Castilla y León, supone un avance
importante a la hora de depurar responsabilidades por la mala gestión de los
consejeros que finalmente han llevado a la ruina a Caja Duero.
La denuncia
del fiscal para que un juzgado los investigue servirá, al menos, para que
algunos personajes empiecen a entender que en los órganos de gobierno no se
sentaban solo y exclusivamente para cobrar dietas, repartir prebendas, cuando
no a otorgarse préstamos ventajosos con dudosas garantías de cobro o utilizar
la entidad para conseguir otro tipo de favores. Por mucho que la mayoría haya
pensado que las entidades de ahorro eran sus cortijos, sus frívolas y
provechosas decisiones tenían unas consecuencias.