El
Economista - RAFAEL DANIEL Delegado en Castilla y León - 3/06/2013
La noticia de que
la Fiscalía
de León ha pedido al juzgado que inicie diligencias por presunta administración
desleal contra los consejeros de Caja España y Caja Duero y la entidad
resultante de su fusión nos devuelve la confianza en un sistema político-judicial
fuertemente cuestionado por los excesos que día tras día vamos conociendo.
Han sido
numerosas las ocasiones en las que he reclamado mayor transparencia con la
gestión realizada en las cajas de ahorro y la asunción de las responsabilidades
correspondientes.
El descontrol que
estamos conociendo en la gestión de las antiguas cajas de ahorro, causa final
de su bancarrota y desaparición, es probablemente el precio que tenemos que
pagar por la renuncia de la sociedad civil a controlar el poder político y las
gestión que han hecho de nuestros impuestos. Pero eso no es impedimento para
que empiece a ponerse nombres y apellidos a quienes no sólo quienes han
desistido de su obligación de vigilar por la buena administración de las
entidades de crédito sino, sobre todo, quienes se han beneficiado de su
posición con créditos descomunales en unas condiciones ventajosas.
Mientras los
preferentistas de España-Duero, en una buena parte ahorradores a los que se ha
engañado, tienen que asumir las pérdidas de esta entidad, hemos visto cómo sus directivos
y consejeros han sido los grandes beneficiarios de una legislación
completamente abusiva.
No solamente han
intentado escurrir el bulto sobre los daños patrimoniales que su gestión ha
provocado sino que, salvo contadas excepciones, no han mostrado si quiera un
ápice de interés en ayudar a las que han sido, lamentablemente, sus víctimas.
No debemos
albergar demasiadas esperanzas en que paguen por sus culpas, entre otras
razones porque los políticos han hecho las leyes que les han permitido ser unos
privilegiados durante estos años. Pero al menos conoceremos de verdad de lo que
ha pasado y al menos tendrán la llamada "pena del telediario" cuando
tengan que comparecer en los juzgados.
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