Segovia al dia.es – El Blog de PEDRO
VICENTE
Después de todo lo que llevamos contado
en este serial, y a la vista de los procedimientos judiciales abiertos por
hechos de similar naturaleza en cajas de ahorro de otras comunidades (Caja del
Mediterráneo, Novacaixa Galicia, Caja Navarra…), resultaba ciertamente extraño
que, salvo en lo referido a Caja Segovia, la Justicia todavía no
estuviera persiguiendo a los responsables del expolio sufrido por las Cajas de
Castilla y León.
Bien es verdad que, aparte
de ciega, la Justicia
es sobre todo es lenta, incluso bastante perezosa ante patatas calientes que
puedan colocar en situación comprometida al poder político y sus aledaños
económicos. Máxime cuando la llamada sociedad civil de Castilla y León ha
asistido con general pasividad e indolencia al proceso de liquidación y
almoneda de sus cajas de ahorro. Solo dos fuerzas políticas -UPyD respecto a
Caja Segovia e IU respecto a Caja España, Caja Duero y la propia Caja Segovia-
se habían tomado la molestia de denunciar presuntas conductas delictivas en
dichas entidades de ahorro.
Mientras las abrumadoras denuncias de UPyD sobre el saqueo de CajaSegovia siguen a la espera de que se determine si se incorporan al caso Bankia o competen a los juzgados segovianos, la denuncia de IU empieza a tener consecuencias.
Mientras las abrumadoras denuncias de UPyD sobre el saqueo de CajaSegovia siguen a la espera de que se determine si se incorporan al caso Bankia o competen a los juzgados segovianos, la denuncia de IU empieza a tener consecuencias.
Eso sí, ha tenido que
transcurrir mas de un año y medio desde que el procurador y coordinador de IU
en Castilla y León, José
María González, se
personara hasta la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia hasta que otro
representante del ministerio publico, el fiscal-jefe de León, ha trasladado su
investigación al Juzgado “por entender que los hechos denunciados pueden ser
constitutivos de un presunto delito de administración desleal del art. 295 del
Código Penal”.
El oficio del fiscal
solicita la apertura de diligencias previas a fin de esclarecer la posible
responsabilidad penal por parte de los miembros de los Consejos de
Administración de Caja España, la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta la fusión
de ambas, así como en su caso de los directivos del banco CEISS surgido de la
misma.
Llamas y Rubio,
crédito a discreción.- Aunque
la denuncia de IU contenía otra serie de hechos, como la indemnización del
anterior director de Caja España, José
Ignacio Lagartos, y la famosa prejubilación de Francisco Fernández, el ex el
alcalde socialista de León y vicepresidente segundo de la entidad, el meollo de
la investigación judicial requerida por el fiscal se centra en la concesión de
multimillonarios préstamos a dos de los consejeros: los empresarios Santos Llamas y Francisco
Rubio Garcés.
El primero, elegido
presidente de Caja España en julio de 2006 con el respaldo de PP, PSOE, UPL y
UGT, obtuvo durante su mandato una larga relación de créditos y avales por un
volumen de unos 70 millones de euros. El segundo, que llegó a ser
vicepresidente tercero de Caja Duero, se ha beneficiado al menos desde 2004 de
otro sinfín de préstamos y avales que en 2006 superaban los 51 millones de
euros, amén del patrocinio publicitario del C.D. Numancia, club de fútbol del
que es el máximo accionista.
Dada la composición de los
órganos presuntamente responsables del delito de “administración desleal”
apuntado por el fiscal, el caso puede tener consecuencias políticas
imprevisibles. Durante los años a investigar la nómina de insignes políticos
que han desfilado por el Consejo de Administración de Caja España incluye,
entre otros, a los actuales presidentes de las Diputaciones de León (Isabel
Carrasco) y Zamora (Fernando Martínez Maillo), a los procuradores José Francisco Martín (PSOE)
y Javier García Prieto (PP), y al alcade de Medina de
Rioseco Artemio Dominguez,
sin contar a la actual senadora Arenales
Serrano, quién tan solo permaneció poco más de un mes en dicho órgano.
Desde su llegada, en 2003, a la presidencia de
Caja Duero, Julio Fermoso mantuvo en la Comisión Ejecutiva
a otros dos ilustres del PP, amigos (al menos hasta hace poco) y vecinos
de Valladolid: el alcalde, Javier
León de la Riva ,
y el entonces portavoz del grupo popular en las Cortes y actual consejero de la Presidencia , José
Antonio de Santiago-Juárez. En verano de 2007, De Santiago-Juárez , quién
durante sus cuatro años como portavoz parlamentario añadió a su ya suculento
sueldo en las Cortes otros 109.440 euros en concepto de dietas de Caja Duero,
fué sustituido en la
Comisión Ejecutiva de la entidad por Isaías García Monge, ex
delegado del Gobierno en Castilla y León. A su vez, en febrero de 2008,
agotados sus 12 años de mandato, León
de la Riva se vió obligado a dejar Caja Duero,
siendo ocupada su vacante en la Comisión Ejecutiva por el entonces alcalde de
Salamanca y actual senador, Julián
Lanzarote, quién permaneció en ese puesto hasta agotar mandato en abril de
2009.
Así pues, la investigación
afectaría al menos a un senador y a tres procuradores (los dos mencionados
y De Santiago-Juárez), lo que siginifica que,si alguno de ellos alcanzara la
condición de imputado, la competencia judicial pasaría bien al Tribunal Supremo
a al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Del Olmo
y Villanueva, presuntos "cooperadores necesarios".- En lo puede perder toda
esperanza el dirigente de IU, José María González, es en que el presidente de la Junta , Juan Vicente Herrera, se sume a
la denuncia por la presunta actuación delictiva en Caja España y Caja Duero.
No solo porque
nada mas lejos de la intención de Herrera, a la sazón presidente regional del
PP, que actuar contra el selecto ramillete de correligionarios que corren el
riesgo de ser imputados. Es que, de confirmarse ese presunto delito de
“administración desleal”, el propio gobierno de la comunidad podría resultar
“cooperador necesario” del mismo. Me explico: Como bien se ocupado de
resaltar Santos Llamas, conforme a la Ley de Cajas, los créditos concedidos a los
consejeros requieren la autorización expresa de la consejería competente. Y en
la legislatura 2003-2007 esa consejería era la de Hacienda (Pilar del Olmo)
y desde mediados de 2007 en adelante es la de Economía (Tomás Villanueva).
Es decir que Del Olmo y Villanueva, ambos asimismo procuradores de las Cortes,
también van a verse afectados por la investigación.
Todo esto referido
exclusivamente a la denuncia presentada por IU en noviembre de 2011, que no
incluía otra larga serie de sospechosas actuaciones en estas y otras Cajas que
han ido saliendo a la luz con posterioridad (veánse por ejemplo las llamativas inversiones y operaciones inmobiliarias de Caja Duero o las trapisondas del ex presidente de Caja Burgos, José María Arribas. Y por
supuesto al margen de la presunta estafa que han supuesto las participaciones
preferentes y deuda subordinada emitidas por Caja España y Caja Duero (en conjunto mas de 1.000 millones de
euros), cuyas quitas han comenzado a sufrir los mas de 14.000 clientes que las
suscribieron. (Especialmente esclarecedora resulta al respecto la información publicada por el diario “El Mundo”
el pasado 15 de abril, denunciando que Caja España ocultó deliberadamente a sus
clientes los riesgos que conllevaban dichos productos financieros).
Hora era de que, además de
Caja Segovia, la Justicia
comenzara a interesarse por las presuntas responsabilidades penales tanto de
los que han se han lucrado con el expolio de las Cajas de Ahorro de Castilla y
León como de los que lo han consentido.
